Ante la crisis que afecta Colombia. Condena de la represión.

En la última semana hemos asistido a un estallido social en Colombia, detonado por el masivo rechazo que provocó en la mayoría de la población, la pretensión del gobierno por imponer una reforma tributaria que resultó intolerable para un país que viene soportando una severa crisis económica agravada por el impacto de la pandemia de Coronavirus, que ha arrojado a grandes sectores de la población al desempleo, la informalidad y la pobreza.

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Lo que empezó siendo una protesta masiva en contra de una ley, se transformó velozmente en un estallido social generalizado, multicausal y autoconvocado, que dejó al desnudo la rabia y frustración contenida de un pueblo cansado de las privaciones y de la pobreza que afecta ya a más de 21 millones de personas.

Si bien el gobierno de Colombia dejo sin efecto la pretendida Reforma Tributaria, el ánimo de la población no se calmó, por el contrario, los petitorios de los distintos colectivos fueron sumando reclamos y reivindicaciones cada vez más variadas, pero con un componente común de rechazo al sistema económico neoliberal que la población identifica como la principal causa de sus problemas sociales y económicos.

A la protesta generalizada, se sumó una serie de manifestaciones violentas traducida en ataques a bienes públicos y privados, bloqueo de carreteras, barricadas e incendios; e incluso ataques a ambulancias y centros de salud.

La fuerza pública viéndose superada en su capacidad de contención y disuasión de la protesta, excediendo sus atribuciones, ha desatado una violenta represión en contra de los manifestantes, causando más de 40 muertos y casi un millar de heridos, colapsando el ya sobre exigido sistema de salud del país.

La fuerza pública ha sido señalada como la responsable de ataques indiscriminados en contra de quienes se manifiestan, utilizando armas de fuego, carros de asalto y elementos químicos, e incluso procediendo a apresamientos irregulares que mantienen en calidad de desaparecidos a aproximadamente medio centenar de personas.

La comunidad internacional, alarmada ante esta escalada represiva y la gran cantidad de víctimas que se han causado, expresó prontamente su reclamo a las autoridades políticas de Colombia, llamando la atención del gobierno acerca de la urgencia por garantizar la vigencia de los derechos humanos de la población colombiana.

El gobierno colombiano ha convocado a un diálogo nacional para intentar superar la crisis en el que han estado representantes de organizaciones civiles, universidades, organizaciones de estudiantes, de los municipios y de las cortes, y se ha anunciado la integración de los líderes del paro nacional.

El gobierno colombiano se ha comprometido a investigar y sancionar a los miembros de la fuerza pública que resulten responsables del uso indebido de la fuerza y que hayan causado muertos o heridas a los manifestantes. Está pendiente la resolución de los casos de desaparecidos denunciados por las organizaciones de derechos humanos de Colombia.

La ALDHU hace saber su preocupación por la situación colombiana; nos sumamos a las invocaciones a la paz y a la resolución de esta crisis en el marco de la institucionalidad democrática a la vez que manifestamos nuestra disposición a apoyar a las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales, para comparecer ante los tribunales nacionales y eventualmente ante los órganos de jurisdicción internacional, incluyendo la posibilidad de recurrir a la corte penal internacional.

Así mismo, nos sumamos al rechazo a toda forma de violencia, sobre todo cuando esta sea incitada por grupos interesados en caotizar la protesta legitima, con el fin de debilitar la institucionalidad democrática colombiana.

Hacemos votos porque el diálogo en curso tenga éxito y canalice efectivamente las demandas más sentidas por la población y que éstas encuentren respuesta satisfactoria por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar al país con sensatez sentido de justicia y equidad.

Juan de Dios Parra

Secretario General de la ALDHU.

La ALDHU se suma al Parlamento andino y otras entidades y condena rotundamente todos los actos de violencia acontecidos durante las protestas y manifestaciones en las diferentes ciudades y poblaciones de la República de Colombia; desde los ataques a la población civil y el uso excesivo de la fuerza, tanto por infiltrados en las manifestaciones pacíficas como por miembros de las instituciones de seguridad pública, que ha resultado en muertos y heridos a lo largo de Colombia, así como la destrucción de bienes y propiedades pública y privadas. 

Del mismo modo lo hicieron también la Unión Europea, La ONU, Amnistía internacional y tantas otras organizaciones, demandamos que cese la violencia  en contra de las manifestaciones pacíficas violentadas por fuerzas militares y de seguridad del gobierno colombiano.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU comentó: «Transgredir la ley nacional e internacional no es gratuito y todos los ciudadanos responsables lucharemos para que así sea. El amedrentamiento de la población mediante la violencia y el asesinato deben quedar en el pasado». 

Además, exigimos desde estas organizaciones el respeto y la garantía de los derechos humanos, la salud y la integridad de todas las personas que participan en las manifestaciones y protestas, así como de las personas que realizan su función pública y la ciudadanía que se encuentra en sus domicilios, al igual que las y los miembros de todas las instituciones públicas. 

Queremos también hacer un llamado para el establecimiento de un diálogo franco y público en la República de Colombia y poner a disposición del Estado de la República de Colombia las competencias políticas, diplomáticas y técnicas de nuestros organismos para servir como facilitador del gran diálogo nacional propuesto por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con el fin de garantizar un mecanismo que facilite el debate respetuoso en procura de encontrar soluciones consensuadas a la crisis política; siendo imprescindible garantizar a la población colombiana sus derechos humanos, sociales y económicos, así como todos los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. 

Hacemos un llamado al pueblo colombiano y a sus autoridades para que, mediante el diálogo, la solidaridad y el consenso, se defienda y fortalezca el orden democrático y el Estado de Derecho.

 https://aldhu.blogspot.com/ Parlamentoandino.org                                                                           

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