Colombia: Líderes desprotegidos y comunidades indefensas

Desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

En noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un histórico acuerdo de paz, que llevó a la desmovilización del que entonces era el principal grupo armado del país. El acuerdo incluyó iniciativas específicas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos. Asimismo, ese año, la Fiscalía General de la Nación decidió priorizar las investigaciones sobre este tipo de asesinatos ocurridos a partir de comienzos de 2016. 

Sin embargo, los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejaron las FARC y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.

La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos —por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos— los ha convertido en blanco de ataques. Otros han sido asesinados durante ataques de carácter más general perpetrados por los grupos armados contra la población civil. Los asesinatos han dejado al descubierto las dinámicas invisibilizadas de violencia y abuso en regiones remotas de Colombia, donde la presencia de autoridades judiciales y la policía frecuentemente es escasa. Esta ausencia de instituciones del Estado ha dejado a innumerables comunidades indefensas.

Entre abril de 2020 y enero de 2021, Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas en 20 de los 32 departamentos de Colombia para identificar las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos y para examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia. Entrevistamos, entre otros, a autoridades judiciales, fiscales, funcionarios gubernamentales, funcionarios de derechos humanos, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos y policías.

Este informe documenta asesinatos de defensores de derechos humanos en seis de las zonas del país más afectadas por estos crímenes: Norte del Cauca; Catatumbo, en Norte de Santander; Pacífico Sur, en Nariño; Bajo Cauca, en Antioquia; Alto y Bajo Caguán, en Caquetá; y el Piedemonte de Arauca. El informe explica las dinámicas de violencia y los contextos que influyen en los asesinatos de defensores de derechos humanos en estas subregiones.

El informe también analiza cada una de las políticas del gobierno para prevenir y abordar los asesinatos de defensores de derechos humanos, así como las falencias en su implementación.

Asesinatos de defensores de derechos humanos luego del acuerdo de paz

En Colombia, las autoridades no ejercen un control efectivo sobre varias zonas previamente controladas por las FARC, lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos. El gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas del país, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni ha asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos. Las investigaciones de Human Rights Watch indican que estas falencias han limitado significativamente los esfuerzos del gobierno para contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos.

El acuerdo de paz contemplaba planes para abordar la situación de economías ilegales, la falta de oportunidades económicas legítimas y la frágil presencia estatal, factores que durante décadas permitieron que prosperaran los grupos armados, incluidas las FARC[1]. Pero, en general, la implementación de los planes ha sido lenta. En junio de 2020, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz —encargado conforme al acuerdo de paz de verificar los avances en su implementación— concluyó que se habían cumplido apenas 33 de los 88 objetivos propuestos para 2019[2]. La mayoría de los objetivos alcanzados estaban relacionados con la desmovilización de las FARC y la reincorporación de sus exguerrilleros. Algunos aspectos del acuerdo relacionados con una reforma rural integral y con una nueva política sobre drogas habían sufrido “retrasos”, lo cual indicaba una “baja probabilidad de ser completados en el mediano y largo plazo”[3].

El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es un problema complejo que no se explica por una única dinámica nacional.

Debido a la presencia limitada del Estado en muchas zonas, en su mayoría rurales, las organizaciones sociales —entre ellas, las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios afrocolombianos y los cabildos indígenas— frecuentemente desempeñan un rol importante en la realización de tareas generalmente asignadas a funcionarios de gobiernos locales, incluida la protección de poblaciones en riesgo y la promoción de planes gubernamentales. Esto aumenta la visibilidad de los líderes de organizaciones sociales, incluidos defensores de derechos humanos, y los expone a riesgos.

Los grupos armados a menudo oprimen a defensores de derechos humanos e intentan utilizarlos, bajo coacción, para imponer sus propias “reglas” en las comunidades. Eso aumenta la posibilidad de que los grupos los ataquen por incumplimientos reales o percibidos de dichas “reglas”, o por un supuesto apoyo a una parte contraria en los conflictos locales que se desarrollan en muchas zonas del país.

El apoyo de defensores de derechos humanos a algunas iniciativas establecidas en el acuerdo de paz también los ha puesto en riesgo. Defensores de derechos humanos han sido asesinados porque apoyaron proyectos para sustituir los cultivos de coca —la materia prima con la que se elabora la cocaína— con cultivos de alimentos o porque participaron en tales proyectos. Muchos campesinos en Colombia cultivan coca porque es el único producto rentable para ellos, debido a la precariedad de los mercados locales de alimentos, el estado deficitario de los caminos para transportar sus productos y la falta de títulos formales sobre las tierras. La implementación de los planes gubernamentales que buscan darle asistencia económica y técnica a los campesinos para la sustitución de cultivos a menudo ha sido lenta, y estos planes enfrentan una férrea oposición por parte de los grupos armados, que emplean violencia y amenazas para obligar a las comunidades a seguir cultivando coca.

Los líderes indígenas representan un porcentaje desproporcionadamente alto de los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. Según cifras de la Oficina del ACNUDH, 69 líderes indígenas han sido asesinados desde 2016, lo cual representa aproximadamente el 16 % de los 421 defensores de derechos humanos asesinados en ese período. En comparación, se estima que solo el 4,4 % de la población de Colombia es indígena.

Según la Oficina del ACNUDH, 49 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde 2016. Dieciséis defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2019, en comparación con 10 en 2018. Hasta diciembre de 2020, la Oficina del ACNUDH había documentado cinco asesinatos de este tipo en 2020, y se encontraba verificando otros 10. Además, al menos tres defensoras de derechos humanos han sido violadas sexualmente desde 2016, según la Oficina del ACNUDH y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Esfuerzos gubernamentales frente a los asesinatos de defensores de derechos humanos

Para responder a los asesinatos de defensores de derechos humanos de una manera sostenida en el largo plazo, es crucial que el gobierno se ocupe de las causas subyacentes del problema. Ello requerirá esfuerzos serios para reducir de manera permanente el poder de los grupos armados y de la delincuencia organizada mediante una serie de medidas, incluyendo investigaciones penales para desarticular a estos grupos, así como una presencia estatal civil más eficaz y significativa en regiones remotas del país. Debido a la enorme rentabilidad del tráfico ilegal de drogas y la capacidad de los grupos delictivos para corromper a las autoridades —incluso en lugares donde hay presencia estatal—, es probable que sigan apareciendo nuevos grupos para reemplazar a aquellos que hayan desaparecido, y que estos grupos continúen ejerciendo violencia y atacando a defensores de derechos humanos. Es fundamental que el gobierno colombiano adopte medidas significativas para terminar con este ciclo de violencia que lleva décadas, incluso considerando enfoques alternativos a la política de drogas que reduzcan la rentabilidad del narcotráfico.
Al mismo tiempo, el gobierno puede y debe brindar protección adecuada de inmediato a los defensores de derechos humanos y cerciorarse de que los delitos contra ellos se investiguen de manera eficaz. Para este informe, Human Rights Watch analizó cada uno de los mecanismos, planes y políticas del gobierno para prevenir abusos, proteger a defensores de derechos humanos y llevar ante la justicia a los responsables de estos asesinatos.

Mecanismos para proteger a defensores de derechos humanos y prevenir abusos

El gobierno colombiano cuenta desde hace tiempo con dos mecanismos que han demostrado ser importantes para la protección de los derechos humanos, aunque ambos carecen de financiación suficiente y tienen otras graves deficiencias:

  • La Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad dependiente del Ministerio del Interior, tiene a su cargo desde 2011 la protección de personas en riesgo. A través de la UNP, las autoridades han hecho grandes esfuerzos para otorgar medidas de protección individuales a cientos de defensores de derechos humanos, que incluyen la provisión de teléfonos celulares, vehículos y chalecos antibala o la asignación de escoltas. Sin embargo, la UNP solo ofrece esquemas de protección individual en respuesta a denuncias de amenazas y muchos líderes asesinados no habían recibido amenazas o no habían podido denunciarlas ante fiscales, tal como exige la legislación colombiana.
  • El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo tiene funcionarios en varias regiones del país donde hay poca presencia de otros actores estatales y monitorea amenazas a los derechos humanos. El derecho colombiano exige que las autoridades respondan rápidamente para prevenir posibles abusos señalados por la Defensoría en sus “alertas tempranas”, las cuales han identificado riesgos para los defensores de derechos humanos en cientos de municipios del país. Sin embargo, las autoridades nacionales, departamentales y municipales muchas veces no han respondido a las alertas tempranas o han adoptado medidas que son proforma y tienen escaso impacto en el terreno.

Asimismo, en los últimos años, las autoridades colombianas han creado una serie de mecanismos nuevos, algunos de los cuales fueron establecidos conforme al acuerdo de paz. El gobierno del Presidente Iván Duque ha promovido estos mecanismos superficialmente, a menudo generando la impresión de que se están tomando medidas, aunque en realidad la mayoría de estos mecanismos prácticamente no funcionan o presentan graves falencias. Los problemas de estos mecanismos incluyen los siguientes:

  • Existe una gran cantidad de mecanismos de protección y prevención, lo cual dispersa los recursos y genera una duplicación de esfuerzos innecesaria.
  • Hay una implementación lenta de los planes de protección colectiva para comunidades y organizaciones en riesgo. El gobierno todavía no ha implementado un plan de protección integral a cargo del Ministerio del Interior que fue establecido en 2018. Los esfuerzos por parte de la UNP para implementar su propio programa de protección colectiva han enfrentado graves restricciones presupuestarias, entre otras.
  • El gobierno del Presidente Duque no convoca periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un organismo encargado de diseñar políticas para prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos. Su trabajo hasta la fecha ha sido poco significativo y no ha dado resultados concretos.
  • El Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO), encabezado por el Ministerio del Interior, tiene un mandato poco claro y ha tenido escaso impacto en los territorios.
  • La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación no ha implementado un plan anunciado en 2019 para proteger a los civiles que participan en planes para sustituir los cultivos de coca, incluidos defensores de derechos humanos.
  • No ha habido avances decisivos en la implementación de un plan de 2019 del Ministerio del Interior para proteger a líderes de las Juntas de Acción Comunal.
  • No se ha desarrollado la política integral para proteger a defensores de derechos humanos y otros líderes que el Ministerio del Interior y grupos de derechos humanos empezaron a discutir en agosto de 2018.

Rendición de cuentas

Los esfuerzos para llevar a los responsables de estos asesinatos ante la justicia han sido más significativos. Las autoridades han aprobado directivas, creado unidades especializadas y logrado avances significativos en comparación con períodos anteriores de la historia de Colombia.
Sin embargo, muchas investigaciones y procesos penales enfrentan graves dificultades, especialmente con respecto a los determinadores (es decir, quienes dieron las órdenes o aprobaron los crímenes) de muchos de estos asesinatos. Las principales deficiencias son las siguientes:

  • Hay muy pocos fiscales, jueces e investigadores en las regiones más afectadas por estos asesinatos.
  • Hasta la fecha, no se ha implementado el “cuerpo especial” de jueces que anunció el Presidente Duque en mayo de 2019 para juzgar casos de asesinatos de defensores de derechos humanos.
  • Los órganos especiales creados conforme al acuerdo de paz para ocuparse de asesinatos de defensores de derechos humanos —en particular, la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite de la Policía— tienen capacidades limitadas y personal insuficiente, y en algunos casos han sufrido recortes presupuestarios.
  • El apoyo prestado por policías y militares a los fiscales e investigadores para visitar escenas del crimen suele ser limitado y presentar retrasos.

A fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno de Duque debería realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar los programas y mecanismos orientados a prevenir abusos y proteger a defensores de derechos humanos. El gobierno también debería aumentar considerablemente la capacidad de las autoridades judiciales y los fiscales para llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos.
A más largo plazo, las autoridades deberían iniciar un proceso para simplificar y reforzar los mecanismos de prevención y protección previstos en el derecho colombiano. El gobierno debería asegurarse de que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos en el país tengan una participación genuina en este proceso. El objetivo debería ser coordinar los mecanismos existentes y derogar o modificar aquellos que sean ineficaces o tengan un mandato poco claro.
A menos que el gobierno tome medidas serias, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades queden indefensas.

Fuente. Human Rights Watch

El artículo continúa con las recomendaciones que da HRW al Gobierno del Presidente Iván Duque.

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