La protección de los derechos humanos durante la crisis del COVID-19

Las Naciones Unidas, preocupadas por cómo los derechos humanos pueden verse afectados por la crisis del coronavirus, hacen un llamamiento para que los países aborden la pandemia con un enfoque más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. El Secretario General António Guterres ha calificado esta pandemia como «una crisis humana».

Los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas y los expertos independientes designados por la ONU han recalcado, desde el comienzo del brote de COVID-19, la importancia de proteger los derechos de las personas.

En un comunicado informal dirigido al Consejo de Derechos Humanos el pasado 9 de abril, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, pidió medidas urgentes y detalladas para evitar que el COVID-19 crease “mayores desigualdades ” en todo este sufrimiento.

Bachelet declaró que muchos países, particularmente en Europa, han tomado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y minimizar el número de desempleados como consecuencia de la crisis, y animó a que «todos los estados con recursos suficientes hagan lo mismo».

También señaló que la semana pasada el Banco Africano de Desarrollo emitió el bono social más ambicioso del mundo –un fondo de 3000 millones de dólares– para ayudar a los Gobiernos africanos a ampliar el acceso a la sanidad y a otros bienes y servicios de primera necesidad. “Esta es exactamente la clase de pensamiento innovador que necesitamos”, subrayó.

Afirmó que su Oficina está elaborando una serie de buenas prácticas económicas y sociales, empleadas por muchos países repartidos por todo el mundo –muchos de ellos países en desarrollo– y que las presentarán ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Su Oficina también trabajará para integrar los derechos humanos dentro de los programas económicos y sociales de la ONU.

Estas son algunas de las opiniones de expertos de la ONU en derechos humanos en relación con la respuesta frente al COVID-19.

“Todos nosotros, sin excepción, tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud” —declaración conjunta de los expertos en derechos humanos de la ONU.

“Es muy probable que aumenten los casos de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes de la policía y de las líneas directas. El hogar puede ser un sitio de miedo y maltrato para muchas mujeres, niñas y niños. La situación empeora considerablemente en casos de aislamiento como las cuarentenas impuestas durante la pandemia. Todos los estados deben tomar medidas para combatir el COVID-19, pero no deben dejar atrás a las mujeres y los niños que sufren violencia doméstica” —Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.

“Los informes de personas mayores abandonadas o de cadáveres encontrados en residencias son alarmantes. Es inaceptable. Todos tenemos la obligación de practicar la solidaridad y proteger a las personas mayores en esta situación”. –Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente de la ONU sobre los derechos humanos por las personas mayores.

“Los desplazados internos sufren un mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a su acceso limitado a la sanidad, agua corriente, saneamiento, alimentos y a una vivienda digna. Con frecuencia son, además, discriminados. Quienes se encuentran en campamentos o centros de acogida viven a menudo hacinados, y los refugios de emergencia no están física o estructuralmente preparados para mitigar la transmisión del COVID-19. Los gobiernos deben asegurar que todos los desplazados internos tienen acceso al agua corriente, saneamiento, instalaciones para su higiene personal, una vivienda digna y alimentos” —Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.

“El COVID-19 no es solo un problema sanitario, también puede ser un virus que agrave la xenofobia, el odio y la exclusión. Existen informes acerca de la violencia física que sufren los chinos y las personas asiáticas; de los discursos de odio que culpan a minorías, como a los romaníes y a los hispanos, de la propagación del virus; y de políticos que piden que no se permita el acceso de los inmigrantes a los servicios médicos. Todo muestra que los estados deben enfatizar de forma urgente que los derechos humanos de todos, particularmente de los más vulnerables y marginados, deben ser protegidos”. –Fernand de Varennes, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Minorías.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha redactado unas directrices para que la respuesta al COVID-19 se centre en las personas.

  1. Las estrategias sanitarias no deberían centrarse tan solo en los aspectos médicos de la pandemia, sino que deberían tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene en los derechos humanos.
  2. Las facultades excepcionales deben ser empleadas para legitimar metas de salud pública, no utilizadas para aplastar a la oposición o silenciar el trabajo de periodistas o defensores de los derechos humanos.
  3. Las medidas de contención, como el distanciamiento social o el aislamiento, deben tener en cuenta las necesidades de las personas que necesitan apoyo de otros para alimentarse, vestirse y asearse. Muchas personas, entre ellas personas con discapacidad, dependen de los servicios comunitarios y a domicilio.
  4. Es imprescindible que el aumento del control de fronteras, las restricciones de viajes o las limitaciones a la libre circulación no impidan la huida de personas que escapan de la guerra o de la persecución.
  5. Los paquetes de protección social y estímulo fiscal dirigidos a quienes menos pueden afrontar una crisis son esenciales para aliviar las terribles consecuencias de la pandemia. Las medidas inmediatas de alivio económico como bajas remuneradas por enfermedad garantizadas, prestaciones por desempleo extendidas, distribución de alimentos y la renta básica universal pueden ser una protección frente a los efectos de la crisis.
  6. El colectivo LGTBI también corre más riesgo durante la pandemia, y se deberían incorporar medidas específicas en los planes de respuesta que traten esta situación.
  7. Los estados deben tener en cuenta los distintos conceptos de salud dentro de la población indígena, y deben incluir la medicina tradicional, además de consultar y considerar su consentimiento informado a la hora de desarrollar medidas preventivas frente al COVID-19.
  8. Las personas privadas de libertad, incluidas aquellas en cárceles, en prisión preventiva, en detención de inmigrantes, instituciones y otros lugares de retención sufren un riesgo de infección mayor en caso de brote de enfermedad. Su situación debería tratarse de manera concreta en la planificación y respuesta a la crisis. Los profesionales médicos y expertos relevantes, científicos incluidos, deben ser capaces de hablar libremente y de compartir información entre ellos y con el público.

Fuente: Noticias ONU

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