Más de 250 presos políticos fueron torturados en Venezuela

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia realizó la denuncia al respecto. En esa misma línea, el abogado e integrante de la ONG, Alonso Medina Roa, afirmó que los casos «han sido documentados y denunciados» ante «las sedes de los tribunales, bien sea militares o civiles», y en presencia de los jueces y representantes de la Fiscalía.

Los “presos políticos” encarcelados son tanto civiles como militares, desde la institución se espera que exista algún tipo de reacción por parte de los organismos internacionales, considerando que la inoperancia internacional se trata un silencio cómplice con el gobierno de Maduro.

Un ejemplo de esta práctica sería la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado estando bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Medina Roa, quien era su abogado defensor, ratificó que el cuerpo del militar fue enterrado por orden de la corte, constando en el acta de defunción que murió por «politraumatismos con objetos contundentes», aunque señaló que todavía no reciben el informe oficial del forense.

La abogada, de la organización Ana Leonor Acosta, también denunció que «los militares han sido brutalmente golpeados, dentro de los cuerpos de seguridad del Estado», en entes como la Dgcim.

Mencionó, como ejemplo, el caso de Miguel Rodríguez Torres, quien, según sus familiares, cumple ocho días en huelga de hambre, pidiendo el acceso a sus abogados y parientes; y del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, que suma «más de dos meses incomunicado».

Durante la protesta, varias ONG presentaron una solicitud ante los delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que verifique la situación en la que se encuentran los «presos políticos», y anunciaron una campaña informativa para que la sociedad conozca «la realidad» de Venezuela.

Además se realizarán actividades callejeras en los estados de Táchira (oeste), Yaracuy (centro), Bolívar (sur), Mérida (oeste) y Carabobo (centro).

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, declaró al respecto: “Deberíamos frenar la impunidad a la violación de los derechos humanos que existe en América Latina. Es en estos momentos cuando los gobiernos deberían entregar más apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, jefes de estado de como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay   se unen para cuestionar y desacatar resoluciones de este organismo, avalando la impunidad y debilitando el enjuiciamiento de los delitos contra los derechos humanos como las denunciados por la Alta Comisionada en Venezuela”.

Fuente: Infobae

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